El 26 de agosto, en horas de la tarde, efectivos policiales de la Seccional 3º del barrio Chijra recibieron una denuncia de incumplimiento de medida cautelar de no innovar por parte de Daniel Verzini y su empleado Ariel Amaranto (según consta en el expediente B-246.580) quien tiene múltiples denuncias por amenazas con arma de fuego contra miembros de la Comunidad.
El acusado de haber amenazado nuevamente de muerte a un miembro de una Comunidad Indígena de Tilquiza había sido denunciado anteriormente.
Estos atropellos y avances ilegales sobre territorios indígenas son una demostración de la impunidad con la que se manejan aquellos que no tienen respeto por las Comunidades, son quienes demuestran su constante racismo y discriminación y hacen del extractivismo capitalista su única visión posible del mundo. Esta no es una historia más, es una historia repetida.
Según manifestaron desde la Comunidad, “Luego de la constatación, apenas se retiraron los auxiliares de la justicia, sale Ariel Amaranto de al lado de Escuela Primaria 329 de Tilquiza en un tractor con dos personas increpando a German Gaspar, miembro de la Comunidad, a los gritos de: ‘Te voy a cagar matando indio hijo de puta’, como clara muestra del malestar por la denuncia de desobediencia judicial, a raíz de los trabajos con máquina retroexcavadora para apertura de un camino para extracción de madera y cavado de pozos para implantación de plantines”.
Ariel Amaranto, “amenaza permanentemente, hace tiros y anda siempre armado, cuenta con antecedentes desde el 2010 cuando amenazó de muerte a Marcela Arjona y a Claudia Yurquina. Además, en 2017 hizo tiros contra el Cacique del Pueblo Okloya y se secuestraron armas, balas y polígono de tiro”, mencionaron.
Néstor Jerez, cacique del Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya (CDCAPO), en diálogo con Gajos comentó, “a pesar de las denuncias y de los secuestros de armas, estas personas siguen impunemente amenazando en territorio comunitario. Las Comunidades Indígenas solamente queremos que nos dejen vivir donde hemos vivido siempre, donde somos guardianes naturales, con la plena conciencia de que esos elementos son la garantía de vida” al tiempo que agregó, “nuestra lucha en defensa del territorio es permanente, el territorio no se negocia porque es parte de nuestra identidad. Es nuestra vida”.
Jerez se mostró preocupado ante estas situaciones y el accionar de la justicia, “apelamos a que se tomen las medidas correspondientes y el avocamiento urgente en esta denuncia, porque hoy está en riesgo la vida de los integrantes de la Comunidad”, aseguró y añadió, “hacemos responsables al terrateniente y a su empleado ante cualquier hecho de violencia, de daño físico o psicológico que afecten a los integrantes de la Comunidad”.
La Comunidad está ubicada a 17 kilómetros de San Salvador de Jujuy, por la Ruta Provincial 35, cuenta con Personería Jurídica Nº 075/10 SDDHH, carpeta técnica con Resolución 642/2012 que reconoce la Posesión y Ocupación Actual Tradicional y Pública del territorio; todo esto amparado por la Ley Nacional de Orden Público 26160. El territorio esta judicializado ya que la Comunidad inició un juicio por reconocimiento de la Propiedad Comunitaria Indígena según consta en expediente B- 234087/10 y existe una medida cautelar de no innovar que el terrateniente Verzini está violando e incumpliendo.
“Basta de atropellos y amenazas a los miembros de la Comunidad Indígena Tilquiza, creemos en la justicia y esperamos que actúe de acuerdo a las circunstancias, no queremos otro Javier Chocobar. Dando cuenta de la denuncia efectuada, ante la necesidad de un rápido actuar, solicitamos avocamiento del mismo a través de la ayudante fiscal interviniente Paula Zambrano, ordenando las medidas que sean indispensables para garantizar el esclarecimiento de los hechos denunciados”, ampliaron desde la Comunidad en un comunicado.
