Gajos se suma y acompaña este repudio frente a un proyecto que desconoce los derechos de los Pueblos Indígenas que habitan milenariamente el territorio que hoy llamamos Argentina.
La Ley 26160 y sus prórrogas son el segundo paso hacia la reconstrucción histórica y moral del país, el primero lo dio la reforma constitucional de 1994, cuando gracias a lucha y la perseverancia indígena en el recinto consiguieron que se incorporara el inciso 17 en el artículo 75.
El proyecto de derogación de la ley 26160 y sus prórrogas -la última lograda por decreto presidencial ya que los diputados demoraron, hasta la fecha, su opinión y voto- tiene la más clara postura colonialista, que recuerda a Francia con Argelia o España con Guinea Ecuatorial. Esta visión no es compatible con la Argentina respetuosa de los derechos humanos de la que tanto se habla ni tampoco con el siglo XXI en que vivimos.
Nadie puede decir que este territorio fuera un lugar vacío cuando llegó la espada española a reclamar la posesión, en consecuencia, para avalar este robo se dictaron las leyes y se extendieron documentos de propiedad amparados en la violencia, por lo que podríamos decir que están viciados de nulidad.
La diputada Villarruel pretende con esta maniobra cosechar los votos de la oligarquía terrateniente, un sector que históricamente está más cerca del conservadurismo o del voto independiente que embanderado con los movimientos populares. El Liberalismo local busca ser su defensor, solo que esta vez las Comunidades Indígenas enfrentan sus embates en las cortes de justicia, tanto las nacionales como las internacionales y ya el Remington de Roca o de Fotheringham no imponen su verdad.
Toda ley nace para cumplirse
El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA), repudian enérgicamente el proyecto de ley de derogación de la Ley 26160, presentada por la diputada nacional Victoria Villarruel, que pertenece al espacio político “La Libertad Avanza”. Ningún representante del pueblo argentino puede pretender el no cumplimiento de la Constitución Nacional Argentina que es violentada por este proyecto.
En el artículo 75, inciso 17, nuestra Carta Magna dispone el reconocimiento del derecho a la propiedad y posesión comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los Pueblos Indígenas. Siendo la Ley 26160 y sus respectivas prórrogas ejecución de la norma antes nombrada -que ha dispuesto la realización del relevamiento técnico, jurídico, catastral de los territorios comunitarios, suspendiendo el desalojo de los mismos- no se puede entonces, pretender su derogación.
Toda ley nace para cumplirse, y ésta no lleva relevado -en más de 15 años- ni el cincuenta por ciento de los territorios. Los diputados que apoyan esta absurda incitativa buscan incumplir el régimen constitucional.
No se puede pretender gobernar al pueblo argentino, como este espacio político se propone, si se desconoce la máxima ley del país, creada para la unificación del Estado Nacional. Es absurdo considerar a las Comunidades Mapuches como usurpadoras, como lo hace la diputada Villarruel en su discurso, nadie puede usurpar lo propio. Las Comunidades recuperan territorios, no usurpan. (Cf. Papa Francisco, Querida Amazonía,14).
La Nación Argentina se conforma con una historia sangrienta, de muerte hacia los Pueblos Indígenas y ninguno de los promotores de este proyecto podrá explicar jamás como se obtuvieron títulos privados por sobre las Comunidades sin otra explicación que la matanza y desalojo violento de los Pueblos Indígenas, sumado a un derecho de conquista, asumido como heredado de la corona española cuando la Argentina se constituyó como nación independiente.
El intento de invisibilizar a los Pueblos Indígenas se ha dado de distintas formas, a veces a punta de fusiles con violencia y muerte, y otras mediante discursos simplistas como el de la pretensión de la derogación de la Ley 26160.
Los Pueblos Originarios caminan sobre masacres como la de Roca en 1880, la de El Zapallar en el año 1933, la de Rincón Bomba en el año 1947, la de Napalpí en el año 1924, por nombrar algunas. Las dos últimas judicializadas, una con sentencia que reconoce la presencia indígena y la de Napalpí en pleno proceso de búsqueda de la verdad en el año 2022. (Cf. Papa Francisco, Querida Amazonía, 19).
Este proyecto implica ausencia de toda lógica jurídica y política, pretendiendo que antes de cumplirse una ley se la intente derogar.
La inseguridad jurídica que produciría este proyecto es totalmente reprochable. Esta pretendida derogación volvería atrás a más de 100 años la historia jurídica, social y política en nuestro país. Por ello solicitamos que se desista del proyecto de ley presentada por la diputada nacional Victoria Villarruel, e instamos a los demás diputados, senadores y otras autoridades a repudiarlo, a ser conscientes de la gran deuda que tiene el Estado Argentino con los Pueblos Indígenas, a no darle tratamiento, y llegado el caso, votar en negativo. El pueblo argentino no puede permitir la eliminación de una ley que produce una justa reparación histórica y ejecuta la Constitución Nacional.
“Mientras vemos que todo tipo de intolerancias fundamentalistas daña las relaciones entre personas, grupos y pueblos, vivamos y enseñemos nosotros el valor del respeto, el amor capaz de asumir toda diferencia, la prioridad de la dignidad de todo ser humano sobre cualquiera fuesen sus ideas, sentimientos, prácticas y aun sus pecados”. (Papa Francisco, Fratelli Tutti, 191).
¿QUIÉNES SON LOS VERDADEROS USURPADORES?
Comunicado del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)
Desde el SERPAJ también expresan el total repudio a las declaraciones de la diputada Villarruel, integrante del bloque “La Libertad Avanza”, quien presentó un proyecto de ley para derogar la Ley 26160.
“Esta Ley, sancionada en el 2006, ha sido desde ese momento el instrumento necesario para determinar la demarcación territorial de las diferentes comunidades, el relevamiento técnico, jurídico y catastral, ha sido fundamental para impedir muchos desalojos, que de no existir se hubieran llevado a cabo, y beneficiando a muchos terratenientes o empresarios.
Esta diputada explica que derogando esta ley se terminarán las “usurpaciones” del pueblo mapuche y los demás pueblos indígenas, que se vienen produciendo desde hace 15 años. Dice que se debe terminar la emergencia, que no existe y que sólo ha servido para que a través de delitos se creen derechos.
Evidentemente la señora Villarruel, junto con los otros diputados y diputadas con afinidad ideológica, desconocen no sólo la historia de la lucha por los territorios de los pueblos originarios, sino también la Constitución Nacional Argentina (art. 75 inc. 17) y la legislación que la República Argentina ha venido sancionando desde hace tiempo y que reconocen esas luchas y los derechos que han sido otorgados.
Desde la Constitución Nacional, pasando por el Convenio 169 de la OIT, incorporado a nuestro sistema jurídico por la Ley 24.071, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual nuestro país voto favorablemente en el seno de las Naciones Unidas; en todos estos instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales se reconoce el derecho de los pueblos originarios a sus territorios, a la posesión de tierras aptas y suficientes y a los bienes naturales que cohabitan en ellas, además de reconocerles el derecho a la propiedad colectiva.
Además de ello, cabe resaltar que, en febrero del 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sanciono a nuestro país, declarándolo internacionalmente responsable por las violaciones a los Derechos Humanos de 135 Comunidades Indígenas, y uno de los derechos violados corresponde al derecho de la propiedad comunitaria.
Resulta increíble que quienes ideológica y políticamente representan a las clases altas, racistas y discriminadoras, hablen de usurpaciones, cuando en realidad son los terratenientes y las megaempresas extractivas que cuentan con el aval de esas clases y en cierto modo la complicidad del Estado, que a través de acciones u omisiones vienen avasallando los territorios indígenas.
Esto viene pasando desde el comienzo de nuestra historia como país, desde la llamada “conquista del desierto”, pasando por la “conquista del desierto verde, el Chaco” y las diferentes matanzas llevadas a cabo contra los pueblos indígenas, y su sometimiento a diversas formas de trabajo esclavo. Llamamos a toda la población a no dejarse engañar, a informarse e investigar sobre este tema, que ya no puede pasar desapercibido. Hay hermanos y hermanas amenazados, hostigados, golpeados, heridos y muertos, y no hay justicia para ellos. Son acusados de terroristas, de violentos cuando reclaman lo que es suyo, que no son nada más, que sus territorios ancestrales.
Derechos que les fueron garantizados por la Constitución Nacional y demás normas legales. Nos preguntamos: ¿La diputada Villarruel y sus colegas que apoyan este proyecto de ley, que hablan de “castas”, y ahora de usurpaciones, a cuál casta pertenecerán ellxs?”
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