“El sábado 26 de marzo funcionarios del gobierno provincial, con más de ochenta personas, se presentaron en nuestro territorio y cometieron actos de vandalismo, usurpación, robo y destrucción de la ‘Wuaca’, el lugar donde hacemos la ceremonia de la Pachamama”, manifestó el presidente de la Comunidad, Carlos Colque. El Territorio Comunitario violentado pertenece a la familia Quispe-Martínez.

La denuncia por los delitos fue radicada en la Seccional 14 de Tilcara y es contra el diputado provincial Humberto López y el presidente de Vialidad Provincial Marcelo Jorge, según los detalles de la acusación.
Hace varios años que funcionarios del Gobierno de Jujuy y Vialidad Provincial avanzan en la construcción de una ruta por el Territorio Ancestral sin realizar la consulta previa, libre e informada obligada por la legislación nacional y sin que los miembros de la Comunidad sean protagonistas de lo que se hace en su tierra. En El Querusiyal afirman que no están en contra del camino, sino que no puede ser con esta metodología, destruyendo zonas de pastoreo comunitario, aguadas y amedrentando a los habitantes.
Colque recordó que en el año 2020 el mismo “López y el anterior presidente de Vialidad produjeron la matanza de cuarenta ovejas en plena cuarentena, lo que fue denunciado, pero la justicia nunca se expidió ni se nos ha notificado sobre alguna resolución”. Además sostuvo que con estas acciones “el gobierno busca hostigar a las familias de Querusiyal”.
El gobierno jujeño autorizó un proyecto vial que tuvo como fundamento unir escuelas rurales. Sin embargo, el propio presidente de la Comunidad, reconoció que “el camino no va a las escuelas porque pasa a ocho kilómetros. Apunta a los peritos mineros (…) porque es una zona rica en hierro y plata”.
“Nuestra Comunidad -vecina a Molulo- viene hace años gestionando la construcción de un camino carretero para lo cual estamos pidiendo que se haga una consulta previa, un informe de impacto ambiental todo financiado a través del supuesto proyecto donde hasta ahora no vemos ni camino ni escuela”, afirmó Colque.
Al intentar pasar por la Comunidad “pretenden hacer una huella minera ilegal para extraer los recursos naturales”, dijo, y agregó que en una ocasión anterior las máquinas viales “rompieron parte del territorio, lo que luego se paralizó por un reclamo pero ahora volvieron”.
“Nosotros estamos dispuestos al diálogo, pero con los papeles en la mesa para resolver el problema. Vamos a seguir resistiendo en la Comunidad con denuncias y cartas documento por nuestro territorio hasta las últimas consecuencias”, aseguró.
La denuncia realizada contra Vialidad es por violación de la Ley Nacional 24071 y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que protegen los derechos de los Pueblos Indígenas. “La Justicia se hace la distraída porque el gobierno desconoce cualquier garantía constitucional y por eso mismo apela al atropello”, plantearon desde la Comunidad.
Además de la denuncia en sede policial, los representantes de la Comunidad presentaron escritos mencionando estas declaraciones en Casa de Gobierno, Legislatura, Dirección Provincial de Vialidad, Secretaría de Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El atropello que enfrentan las familias en El Querusiyal no es ajeno a la decisión política de hacer de Jujuy un Territorio de sacrificio a manos de la megaminería, mediante prácticas de destrucción de bienes naturales, de formas de vida Comunitarias y de biodiversidad.